Según la documentación recabada por organismos de defensa de derechos humanos
Dany Adonay Nelson, Bertha Oliva, Ethlen Erlinda Wood
Marlen Zelaya y Dany Adonai Nelson
Clara Wood Rivas
Adelina Trapp
Marlen Zelaya
Vista de la conferencia de prensa ofrecida por las víctimas
y los organismos de derechos humanos
Clara Wood Rivas
Ethlen Erlinda Wood
Delegación de miskitos y parientes de las víctimas de la masacre
Imágenes de Giorgio Trucchi
"Estábamos llegando al muelle cuando aparecieron los helicópteros y comenzaron a disparar. Cuando comenzó el tiroteo mi hijo (Hasked Brooks Wood) estaba a mi lado. Nos tiramos al agua y yo nadé hacia la orilla llorando. A mi hijo le cayeron las balas. Encontramos su cuerpo dos días después y tenía cuatro heridas de bala que le habían destrozado la cara. Tenía 14 años" (Clara Wood Rivas).
"Me alegra estar con ustedes pero también estoy triste porque mi hermana Juana Jackson está muerta. Tenía 28 años, dos hijos y estaba embarazada de cinco meses y la mataron con cuatro balas. Soy madre soltera de cuatro hijos y ahora los dos pequeños se quedarán conmigo. Estoy muy mal y exijo que se haga justicia (Marlen Zelaya).
Delegación de Activistas de Derechos Humanos documenta la participación de los Estados Unidos en la masacre de población miskita
Tegucigalpa, 27 de Mayo del 2012
Por Karen Spring y Annie Bierd
El 22 y 23 de mayo, una delegación de activistas de derechos humanos de Estados Unidos organizada por Rights Action y Alliance for Global Justice visitó la comunidad de Ahuás en la región de la Moskitia en Honduras. La delegación presenció una atmósfera de terror siendo generada en medio de la pobreza extrema de la zona donde la población indígena ahora está perdiendo el control de los recursos naturales que son clave para el desarrollo de su economía.
El grupo investigó sobre la masacre de pobladores indígenas miskitos en un tiroteo por parte de helicópteros titulados al Departamento de Estado de los Estados Unidos que el gobierno estadounidense confirma transportaba agentes de la DEA y contratistas de seguridad, el 11 de mayo de 2012 . El bote y sus pasajeros casi habían completado un viaje de ocho horas hacia Ahuás desde el pueblo de Barra Patuca. Cuatro miskitos fueron asesinados, incluyendo dos mujeres embarazadas, un joven de 14 años y un hombre de 21 años, así mismo cuatro o más fueron heridos gravemente.
Luego de la masacre, al menos un helicóptero aterrizó y por lo menos diez hombres angloparlantes altos de piel clara y poca habilidad para hablar español, vistiendo uniformes militares salieron de los helicópteros para recoger cocaína de un bote cerca del sitio de la masacre. Apuntaron sus armas, amenazaron con matar y esposaron residentes de la aldea quienes llegaron a asistir a los heridos. Las víctimas permanecieron en las márgenes del río y en el bote dañado hasta que los helicópteros se retiraron. De esta manera las fuerzas de seguridad retrasaron la asistencia médica de emergencia por dos o tres horas.
Ni las autoridades de Estados Unidos ni de Honduras han entrevistado a los testigos oculares o recolectado evidencia en la escena del crimen, indicando que no se ha llevado a cabo una investigación seria luego de la masacre. Aún sin conducir una investigación formal, los oficiales de Estados Unidos y Honduras han acusado a las víctimas, a la población en general y a las autoridades locales de participar en el tráfico de drogas.
Desde la masacre, Ahuás ha sido ocupada por varias docenas de tropas hondureñas, y se reporta que la presencia militar estadounidense en las cercanías de Ahuás está aumentando. Las autoridades del gobierno de Estados Unidos reconocen que se están utilizando tácticas de contrainsurgencia a medida que identifican a las comunidades indígenas como narcotraficantes. Las comunidades indígenas en Centroamérica una vez más se convierten en el enfoque de acciones contrainsurgentes de los Estados Unidos.
Muchas personas con las que el grupo habló indicaron que la militarización y violencia creada a raíz de la guerra contra las drogas por parte de los Estados Unidos está enfocada en lugar donde se encuentran valiosos recursos naturales, se sabe que Ahuás tiene importantes depósitos de petróleo y la compañía tejana Texas Oil and Gas Company, una empresa conjunta con concesiones en la Moskitia, estima que hay de seis a ocho millones de barriles en reservas de petróleo en la Moskitia.
La delegación exige una investigación formal y fidedigna incluyendo una audiencia del Congreso que identifique la responsabilidad criminal en la masacre, el retiro de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos de Honduras, y la suspensión de la asistencia militar de Estados Unidos en Centroamérica.
El grupo investigó sobre la masacre de pobladores indígenas miskitos en un tiroteo por parte de helicópteros titulados al Departamento de Estado de los Estados Unidos que el gobierno estadounidense confirma transportaba agentes de la DEA y contratistas de seguridad, el 11 de mayo de 2012 . El bote y sus pasajeros casi habían completado un viaje de ocho horas hacia Ahuás desde el pueblo de Barra Patuca. Cuatro miskitos fueron asesinados, incluyendo dos mujeres embarazadas, un joven de 14 años y un hombre de 21 años, así mismo cuatro o más fueron heridos gravemente.
Luego de la masacre, al menos un helicóptero aterrizó y por lo menos diez hombres angloparlantes altos de piel clara y poca habilidad para hablar español, vistiendo uniformes militares salieron de los helicópteros para recoger cocaína de un bote cerca del sitio de la masacre. Apuntaron sus armas, amenazaron con matar y esposaron residentes de la aldea quienes llegaron a asistir a los heridos. Las víctimas permanecieron en las márgenes del río y en el bote dañado hasta que los helicópteros se retiraron. De esta manera las fuerzas de seguridad retrasaron la asistencia médica de emergencia por dos o tres horas.
Ni las autoridades de Estados Unidos ni de Honduras han entrevistado a los testigos oculares o recolectado evidencia en la escena del crimen, indicando que no se ha llevado a cabo una investigación seria luego de la masacre. Aún sin conducir una investigación formal, los oficiales de Estados Unidos y Honduras han acusado a las víctimas, a la población en general y a las autoridades locales de participar en el tráfico de drogas.
Desde la masacre, Ahuás ha sido ocupada por varias docenas de tropas hondureñas, y se reporta que la presencia militar estadounidense en las cercanías de Ahuás está aumentando. Las autoridades del gobierno de Estados Unidos reconocen que se están utilizando tácticas de contrainsurgencia a medida que identifican a las comunidades indígenas como narcotraficantes. Las comunidades indígenas en Centroamérica una vez más se convierten en el enfoque de acciones contrainsurgentes de los Estados Unidos.
Muchas personas con las que el grupo habló indicaron que la militarización y violencia creada a raíz de la guerra contra las drogas por parte de los Estados Unidos está enfocada en lugar donde se encuentran valiosos recursos naturales, se sabe que Ahuás tiene importantes depósitos de petróleo y la compañía tejana Texas Oil and Gas Company, una empresa conjunta con concesiones en la Moskitia, estima que hay de seis a ocho millones de barriles en reservas de petróleo en la Moskitia.
La delegación exige una investigación formal y fidedigna incluyendo una audiencia del Congreso que identifique la responsabilidad criminal en la masacre, el retiro de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos de Honduras, y la suspensión de la asistencia militar de Estados Unidos en Centroamérica.
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