Honduras
Inicia larga y angustiosa semana para familias que están bajo amenaza de desalojos masivos.
El
Movimiento autentico reivindicador campesino del Aguán, Marca, divulgó
este sábado (21/7) un comunicado en el que denuncia, ante la comunidad
nacional e internacional, supuestos actos de corrupción, tráfico de
influencias, prevaricato y abuso de autoridad de parte de las
autoridades judiciales de las Cortes Primera y Segunda de Apelaciones de
Francisco Morazán y de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba.
Según
el Marca, los magistrados admitieron de forma ilegal recursos de amparo
presentados por los abogados de los terratenientes y productores
palmeros Miguel Facussé Barjum y René Morales Carazo, revirtiendo de esa
manera las sentencias firmes y ya ejecutadas que el pasado 29 de junio
posesionaron a las familias del Marca de tres fincas (San Isidro, El
Despertar y La Trinidad), cuya propiedad venían reclamando en los
tribunales desde hace 18 años.
Esa decisión, que se dio cuando las Cortes estaban de vacaciones y en
días y horas inhábiles, abrió la puerta a nuevos desalojos forzosos que
podrían desembocar en más derramamiento de sangre.
En
los últimos dos años y medio, el conflicto agrario del Bajo Aguán ha
dejado un saldo de 51 campesinos, un periodista y su pareja asesinados y
otro campesino desaparecido.
Recientemente,
las organizaciones que integraron la Misión internacional de
Verificación y la Audiencia Pública sobre la situación de los derechos
humanos en el Bajo Aguán, emitieron un comunicado alertando sobre la
nueva ola de violencia y represión que se ha desatado en contra de las
organizaciones campesinas de la zona.
El
pasado 18 de julio, cientos de campesinos se reconcentraron en la
entrada de la finca San Isidro, para impedir que efectivos del ejército y
de la policía cumplieran con una amañada orden de desalojo, que estaba
siendo ejecutada por el juez Danilo Riera Aguilar, quien se desempeña
también como guardia de seguridad del mismo Facussé.
La
orden no se pudo ejecutar por la fuerte resistencia de las
organizaciones campesinas y populares de la zona. Sin embargo, fuentes
ligadas al propietario del Grupo Dinant (Corporación Dinant y
Exportadora del Atlántico SA), aseguran que las familias campesinas
serán desalojadas en los próximos días.
"Ayer
se detuvo el desalojo para evitar una tragedia en la zona, porque en
una radio todo el día se pidió a la gente que se solidarizaran con los
campesinos y llegó mucha gente, incluso con niños, entonces las
autoridades tomaron la determinación correcta de retirarse", explicó
Roger Pineda, representante legal y tesorero de Corporación Dinant, a
medios nacionales.
Pineda no
escatimó en expresiones de cinismo para justificar la presencia de Riera
Aguilar. "El hecho que sea un empleado nuestro no limita que sea un
juez ejecutor, él es nombrado por los juzgado de la República y que
trabaje también para nosotros no tiene ninguna ilegalidad", manifestó
ante los medios.
Y mientras en estos
días se hará efectivo el pago a los terratenientes palmeros de unas
4,600 hectáreas (unos 32 millones de dólares) de tierra que fueron
objeto de negociación con las organizaciones campesinas del Marca y
Muca, centenares de familias campesinas inician una larga y angustiosa
semana.
Hemos demostrado en los
tribunales que tenemos la razón y hoy nos plantamos frente a la entrada
de la finca con nuestras familias, nuestros hijos. De aquí no nos vamos a
mover. Vamos a defender nuestras tierras y nuestros derechos aunque nos
toque morir por ellos", dijo Mario Matute, secretario general de la
cooperativa San Isidro, expresando el sentir de las familias campesinas
que han luchado y ganado el caso en los tribunalas después de casi 20
años.
Comunicado MARCA
1.-
Desde 1994 venimos luchando en los Juzgados y Tribunales de la
republica para recuperar nuestras tierras que nos fueron despojadas
mediante la falsificación de documentos, soborno de uno o dos de los
directivos de nuestras cooperativas y mediante la violación de las leyes
de nuestro país.
2.- Que las
cooperativas San Isidro obtuvo sentencia en fecha 13 de noviembre del
2010, La Despertar en fecha 11 de mayo del 2011 dictadas por el Juzgado
de Letras Primero de lo Civil de Francisco Morazán y La Trinidad el 7 de
febrero del 2012 del Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colon,
fallos que quedaron firmes al no interponerse recurso alguno.
3.-
Que se ordenó por los Juzgados respectivos al Instituto de la Propiedad
de Trujillo, ANULAR las escrituras de los empresarios MIGUEL FACUSSE Y
RENE MORALES y se nombró Juez Ejecutor para que procediera a desalojar a
los guardias de dichos empresarios y se nos entregaran las tierras, lo
cual se hizo con auxilio de la policía el día viernes 29 de junio del
2012, a las 6.00, 7.45 y 8.45 AM. Respectivamente.
4.-
Que al ser desalojados, estos empresarios mediante el tráfico de
influencia y en claros actos de corrupción presentaron Recursos de
Amparo ante las Cortes Primera y Segunda de Apelaciones de Francisco
Morazán y los magistrados DANERY ANTONIO MEDAL, MARCO TULIO BARAHONA
VALLE (asesor de Facussé) y KATHERINE CHANG ARIAS (de la Corte Primera),
magistrada MARIA LUISA RAMOS y 2 magistrados más de la Corte Segunda de
Apelaciones, cuando la corte estaba de vacaciones y en días y horas
inhábiles (La Corte cerró al publico el día 29 de junio del 2012 a las
4.00 P.M.y se abrió el día martes 17 de julio a las 7.30 AM.). En este
tiempo dichos magistrados admitieron recursos de amparo a favor de
MIGUEL FACUSSE Y RENE MORALES y emitieron órdenes de desalojos en contra
nuestra, admitieron amparos contra sentencias firmes, violentando la
Constitución y los artículos 46, 48, 51 de la Ley Sobre Justicia
Constitucional. COMETIENDO LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD,
PREVARICATO Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS.
5.-
En la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, los magistrados CELINO
ARISTIDES AGUILERA, JOEL SERRANO y OTRO en el feriado del Poder Judicial
y siendo esa Corte totalmente incompetente porque solo puede conocer
asuntos de Atlántida y no del Departamento de Colon, estos “magistrados”
admitieron un Recurso de Amparo el 7 de julio del 2012, ilegalmente,
ordenaron se libraran órdenes de desalojo, que se nombrara juez ejecutor
y se nos desalojara nuevamente de nuestras tierras. Luego estos
magistrados SE DECLARARON INCOMPETENTES PARA SEGUIR CONOCIENDO DEL CASO,
lo que querían era cometer tal acto de corrupción, no sabemos por qué
precio se vendieron.
6.-
RESPONSABILIZAMOS a los señores MIGUEL FACUSSE Y RENE MORALES y al Poder
Judicial y en especial a estos magistrados DANERY ANTONIO MEDAL, MARCO
TULIO BARAHONA VALLE (asesor de Facussé) y KATHERINE CHANG ARIAS (Corte
1ª, Apelaciones F.M.), magistrada MARIA LUISA RAMOS Y 2 Magistrados más
de la Corte Segunda de Apelaciones F.M., CELINO ARISTIDES AGUILERA, JOEL
SERRAMO Y Otro magistrado de la Corte Primera de Apelaciones de La
Ceiba, de los actos de violencia y muerte contra cualquier miembro de
nuestras organizaciones campesinas y abogados que nos representan.
7.-
HACEMOS UN LLAMADO a los entes encargados de vigilar por la verdadera
aplicación de la Justicia a investigar estos actos de corrupción y las
cuentas de ahorro de estos magistrados a organizaciones de derechos
humanos y campesinos en general a solidarizarse con nuestra causa.
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