Imágenes de campesinos asesinados en El Aguán
Por Jorge Martínez Mejía
Era de esperarse. El manto de sangre que baña toda la extensión del territorio hondureño sólo sirve de cortina a la masacre continuada en el Aguán.
En San Pedro Sula y Tegucigalpa, centros de la información del país, se vive en medio de una incesante lluvia de violencia informática que ya ha alcanzado sus más altos niveles en la historia.
Cualquiera que abra un diario, encienda un televisor o una radio para escuchar los noticieros, puede pensar que se trata de una sociedad secuestrada por el comúnmente conocido crimen organizado. Sin embargo, se trata de un fenómeno complejo por la infinidad de percepciones que es capaz de sucitar. En general, la violencia en Honduras suele achacarse al narcotráfico, a las reyertas entre maras, al asesinato contratado o sicariato, al parricidio, al homicidio sin causa, etc. Otros, prejuiciados por la ideología o el tema político, preferimos considerar que se trata de conspiraciones oscuras, paramilitares, escuadrones de la muerte; otros, de signo inverso, prefieren considerar la idea del boicot a la gobernabilidad por parte de grupos insurgentes clandestinos, antisociales, rebeldes sin causa, resentidos sociales, enfermos de venganza política; en fin, ven mosntruos debajo de los asientos de su carro.
Sin embargo, lo que no se puede ocultar, es que después de la llegada de Rafael Leonardo Callejas a la presidencia, es decir, de la inauguración del Neoliberalismo salvaje que destruyó de manera directa el incipiente y doloroso proceso de reforma agraria, desde el Estado mismo, Honduras comienza su ingreso al infierno en que vivimos ahora.
Pequeñas y vivaces comunidades que despertaban de manera casi espontánea hacia un desarrollo sostenible y novedoso, producto del auge de las ideas socialistas del cooperativismo agrícola, de las empresas asociativas y de las comunidades agrícolas de asociación colectivista, fueron maquiavélicamente orilladas a su desarticulación desde el gobierno mismo, para que insaciables capitalistas como Miguel Facussé, entre otros, se hicieran no sólo con la tierra, sino con el comercio, la fuerza laboral y la incipiente industria regional.
La supuesta apertura política que dio al traste con las organizaciones revolucionarias que salieron en desbandada con la caída del muro de Berlín, no tenía otra intención que hacerse con el botín de los recursos de la nación, entre ellos las tierras del Aguán, sin ningún tipo de oposición. Los oportunistas que abandonaron las banderas de la lucha agraria convirtiéndose en explotadores del campo y fundaron partidos para aliarse en la práctica con los oligarcas, jugaron a llenarse los bolsillos, mientras en el campo, los campesinos y los artesanos empezaron a ver disminuidas sus esperanzas.
Miles de artesanos, campesinos, y pequeños empresarios agrícolas se convirtieron en asalariados miserables, mientras el capitalista incrementaba sus caudales. Las emergentes ciudades comenzaron a apagarse para convertirse en fantasmales aldeas, o en ciudades cementerio.
Los grupos poderosos secuestraron el aparato del Estado y desde el Estado violaron y siguen violando los derechos humanos de los ciudadanos. El mayor responsable de los asesinatos, los crímenes de lesa humanidad, como las masacres en los centros penales, la persecusión y muerte selectiva, la creación del clima de terror la violencia sistemática y generalizada contra la población civil, se ha desatado desde el Estado y sus aparatos represores. Se mata individualmente o en masa a los jóvenes, trabajadores, campesinos, indígenas, periodistas, abogados vinculados a la defensa de los derechos humanos, amas de casa, niños y niñas.
La bestialidad horripilante, la saña, el desprecio manifiesto de la vida, las violaciones de mujeres por grupos de policías, la emboscada, el toletazo, la mordida, la extorsión, la intimidación del uniforme, la desidia en la investigación, el grito y la falta de atención a los humildes; si bien es cierto es una violencia que no puede achacarse en su totalidad al Estado, corresponde a un sistema en el que el Estado es el principal responsable.
Las Fuerzas Armadas y la Policía apuntan sus armas contra la población civil a la que desarman, mientras defienden a los poderosos y les permiten mantener arsenales que utilizan en contra de los ciudadanos humildes.
En el departamento de Colón, la población ya comenzó a darse cuenta que la Policía y el Ejército no son sus aliados ni sus protectores, porque de ellos y los grupos paramilitares provienen las balas que han hecho aumentar el asesinato de campesinos.
De continuar el hostigamiento a la población civil por parte de las fuerzas del Estado, la insurrección es un hecho que nadie podrá detener. Ni miles de asesinatos horrendos en las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula podrán callar el clamor de la justicia.
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